Alcaldía: 5 auditorías definirán si gestión la de Revilla tiene responsabilidad penal, administrativa o ejecutiva

La Alcaldía de La Paz informó este viernes que las cinco auditorías internas que se activarán a la gestión de Luis Revilla definirán si tiene responsabilidad civil, penal, administrativa o ejecutiva sobre el manejo financiero que ocasionó un déficit de 549 millones de bolivianos y una deuda de 490 millones este año.

“En realidad, los procesos se tratan de auditorías que se van a iniciar como corresponde en el marco de la Ley 1178 (de administración y control gubernamentales), corresponde inicialmente a la Unidad de Auditoría elevar los informes circunstanciales y las auditorias servirán para cumplir los requisitos que dicen la normas y que se identifiquen si corresponden las responsabilidades civiles, penales, administrativas y/o ejecutivas”, informó el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales.

La autoridad municipal recordó que la anterior gestión municipal tiene observaciones por presunto manejo irregular económico. El 6 de julio se presentó un reporte sobre el estado financiero que recibió la gestión del alcalde Iván Arias y se dijo que hay un déficit financiero de 549 millones de bolivianos por la “sobrestimación” de ingresos y una deuda de 490 millones de bolivianos.

Gonzales aseguró que las auditorias también consideran la falta de presupuesto que se dejó para los buses municipales PumaKatari y ChikiTiti, ya que solo se programó cubrir el gasto de combustible hasta la mitad de gestión y por esa razón la frecuencia de ruteo bajó en 35%.

El jurista de la Alcaldía de La Paz aseguró que la deuda con 896 acreedores será pagada en 2022, pues ese monto asciende a 429 millones de bolivianos. El hueco financiero que recibió Arias es de casi 600 millones y se debe a que el Plan Operativo Anual (POA) 2021 fue “sobrestimado” con respecto a los recursos reales que percibe ahora la administración edil.

Gonzales aseguró que los resultados de las auditorías internas se cumplirán y luego será la Contraloría General del Estado la que tenga conocimiento para resolver en sus plazos establecidos por normativa.

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